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Contraloría pone la lupa sobre Óscar Barreto: $6.000 millones en obras inconclusas durante su paso por la Gobernación del Tolima

El senador más rico del Congreso enfrenta un juicio fiscal por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura cuando fue gobernador.

El senador tolimense Óscar Barreto, quien ha sido catalogado como el congresista con mayor patrimonio del país —casi $10 mil millones según su declaración de renta—, enfrenta ahora un proceso fiscal de la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en obras ejecutadas durante sus dos periodos como gobernador del Tolima (2008-2011 y 2016-2019).

La investigación busca establecer responsabilidades por un posible detrimento de más de $6.000 millones en el contrato de pavimentación de la vía El Salado – San Bernardo, en Ibagué.
Según el informe, el proyecto presentó problemas de planeación, adiciones injustificadas y sobrecostos que impidieron su terminación.

Como parte del proceso, el organismo de control solicitó medidas cautelares que podrían implicar el embargo de bienes y cuentas del senador Barreto, hasta tanto se repare el daño fiscal.
El caso también involucra al exgobernador Ricardo Orozco y al exalcalde Andrés Hurtado, quien fungía como secretario de Infraestructura durante la firma del contrato cuestionado.

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El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia mantuvo abierta una investigación penal contra Barreto por presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionados con convenios suscritos con el Comité de Cafeteros del Tolima.

Aunque varios procesos anteriores han sido archivados, este juicio fiscal marca un nuevo episodio en las controversias políticas y judiciales del líder conservador, considerado uno de los hombres más influyentes del Tolima, con amplia red de apoyo en alcaldías y entidades públicas del departamento.

El caso continúa en curso mientras las autoridades avanzan en la verificación de presuntas redes de corrupción y posibles testaferros vinculados a contratos públicos en Ibagué.

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