Mandatarios regionales, entre ellos la gobernadora del Tolima, anuncian acciones jurídicas contra el Decreto 1474 y defienden los recursos de los departamentos.

El Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre, desató una fuerte controversia entre los gobernadores del país, quienes advierten que la norma afecta gravemente la autonomía territorial y los recursos fiscales de los departamentos.

Durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, calificó el decreto como “un asalto centralista a las entidades territoriales y un raponazo a sus recursos”, al considerar que castiga el esfuerzo fiscal de los departamentos y transfiere ingresos propios a la Nación.

El principal punto de inconformidad es el artículo 15 del decreto, que establece que todo ingreso por impuestos al licor que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026 debe ser girado al Gobierno Nacional, además de imponer liquidaciones mensuales y plazos de giro de apenas 15 días. Según los mandatarios, esta medida limita la capacidad de gestión territorial y desincentiva el recaudo eficiente.

Frente a este escenario, más de 15 gobernadores, liderados por el mandatario de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciaron la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, una figura jurídica que permite inaplicar normas que se consideren contrarias a la Constitución, mientras la Corte Constitucional adopta una decisión de fondo.

Matiz hizo un llamado a los gobernadores para actuar de manera coordinada: evaluar la excepción de inconstitucionalidad, presentar escritos propios ante la Corte Constitucional y fijar una posición unificada en defensa de la autonomía territorial. Además, advirtió que el decreto carece de rigor técnico y podría agravar problemas como el contrabando y la adulteración de licores, con impactos directos en la salud pública y las finanzas departamentales.

Desde el Gobierno Nacional, la reacción no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de los gobernadores como un “mal ejemplo” y advirtió sobre posibles consecuencias penales. En la misma línea, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció denuncias contra quienes inapliquen el impuesto.

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Sin embargo, diversos juristas han respaldado la actuación de los mandatarios. Expertos en derecho constitucional sostienen que la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta válida y que los gobernadores no incurrirían en faltas disciplinarias o penales si actúan bajo la convicción jurídica de proteger la Constitución. Además, recuerdan que el propio Gobierno ha recurrido a esta figura en decisiones recientes.

La Corte Constitucional ya asumió el estudio tanto de la declaratoria de emergencia como de los decretos derivados, por lo que será ese alto tribunal el que determine si las medidas adoptadas por el Ejecutivo se ajustan o no a la Carta Política. Mientras tanto, el debate sobre los límites del poder central y la defensa de la autonomía territorial sigue abierto.