La ley establece cuántos años de convivencia se requieren para tener derechos patrimoniales.
En Colombia, vivir en unión libre no solo implica una relación afectiva y familiar, sino también consecuencias legales importantes, especialmente en materia patrimonial. La legislación reconoce derechos similares a los del matrimonio, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley.
Este reconocimiento se da a través de la unión marital de hecho, figura regulada por la Ley 54 de 1990 y modificada por la Ley 979 de 2005. Según la normativa, se configura cuando dos personas mayores de edad, que no estén casadas entre sí, mantienen una convivencia permanente y singular.
Sin embargo, la ley hace una diferencia clara entre la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Aunque la unión puede existir desde el inicio de la convivencia, la sociedad patrimonial —que permite reclamar la mitad de los bienes— solo nace después de un mínimo de dos años de convivencia continua e ininterrumpida.
Cumplido este plazo, la ley presume la existencia de una sociedad patrimonial conformada por los bienes adquiridos de manera onerosa durante la convivencia, tales como:
- Inmuebles
- Vehículos
- Ahorros
- Otros activos obtenidos durante la relación
Esta figura funciona de manera similar a la sociedad conyugal del matrimonio civil.
Si la relación termina antes de completar los dos años exigidos, no se configura automáticamente la sociedad patrimonial, por lo que no hay derecho a la división de bienes. En ese caso, los activos permanecen a nombre de quien figure como propietario, salvo que se pruebe un acuerdo diferente o aportes económicos verificables.
Una vez cumplido el tiempo mínimo, la unión y la sociedad patrimonial deben reconocerse legalmente, trámite que puede hacerse ante notario o juez de familia. Para ello se deben presentar pruebas de convivencia, como testigos, documentos compartidos, dirección común o responsabilidades económicas conjuntas.
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La ley también establece excepciones: no hacen parte del reparto los bienes adquiridos antes de la sociedad patrimonial ni aquellos recibidos por herencia o donación, salvo que exista voluntad expresa de incorporarlos al patrimonio común.
Este marco legal busca proteger a ambas partes y evitar la desprotección económica, especialmente en relaciones prolongadas. Por eso, expertos en derecho de familia recomiendan conocer los plazos y procedimientos legales para evitar conflictos futuros.
