La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el contrato de interventoría de la obra.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60.
Entre los procesados también están la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras Angie Julieth Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
Según la investigación, el contrato de interventoría superó los 2.997 millones de pesos y contemplaba el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.
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Los pagos que están bajo investigación
Uno de los principales puntos señalados por la Fiscalía tiene que ver con los pagos al consorcio encargado de la interventoría.
De acuerdo con el ente investigador, los desembolsos debían realizarse teniendo en cuenta el porcentaje de avance de la obra. Sin embargo, las labores de investigación habrían establecido que se realizaron pagos superiores a 1.000 millones de pesos cuando la construcción presentaba un avance inferior al 6 %.
La Fiscalía también señala que el comité evaluador jurídico habría aprobado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que, según la investigación, este tendría una posible inhabilidad para contratar con el Estado.
¿Qué responsabilidad señala la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía, el exalcalde Hurtado presuntamente habría omitido controles relacionados con la selección y ejecución del contrato, mientras que la exsecretaria de Infraestructura habría participado en actuaciones relacionadas con la adjudicación y los pagos cuestionados.
Al representante del consorcio interventor se le atribuye, según la investigación, haber promovido cobros que no corresponderían a las condiciones pactadas ni al avance de la obra.
Por su parte, los exsupervisores son señalados de presuntamente tramitar, supervisar o avalar desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada procesado, delitos como peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Ninguno de los ocho procesados aceptó los cargos.
La judicialización hace parte de una investigación en curso y será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades individuales correspondientes.
