Uso de dispositivos como GoPro podría ser sancionado si afecta la seguridad del casco
El uso de cámaras en cascos de motociclistas volvió a generar debate en Colombia, luego de que se conocieran posibles sanciones para quienes utilicen estos dispositivos sin cumplir con las condiciones establecidas en la normativa vigente.
Aunque la Resolución 23385 del Ministerio de Transporte no menciona de forma directa el uso de cámaras tipo GoPro, sí establece reglas estrictas sobre el uso adecuado del casco, lo que abre la puerta a interpretaciones por parte de las autoridades de tránsito.
La norma indica que el casco debe cumplir condiciones técnicas específicas: debe cubrir completamente la cabeza, estar correctamente asegurado bajo la mandíbula y no presentar daños en su estructura. Además, no puede ser usado de manera simbólica, sino garantizando su función de protección.
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Uno de los puntos clave es que no se permite portar elementos que interfieran entre la cabeza y el casco, como dispositivos de comunicación mal instalados. Aunque esta restricción se refiere principalmente a elementos internos, algunas autoridades han extendido su interpretación a accesorios externos como cámaras.

En este contexto, el uso de cámaras podría ser cuestionado si se considera que afecta la estabilidad, resistencia o ajuste del casco, comprometiendo la seguridad del conductor o acompañante.
La normativa también exige que, en cascos con cubierta facial móvil, esta permanezca cerrada durante la conducción, reforzando la importancia de un uso correcto del elemento de protección.
Detrás de estas medidas hay un respaldo técnico: el uso adecuado del casco puede reducir hasta en un 72% el riesgo de lesiones graves y en un 39% la probabilidad de muerte en accidentes de tránsito.
En cuanto a sanciones, el incumplimiento de estas disposiciones puede generar multas tipo C, equivalentes a 15 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes, lo que representa cerca de $711.750 pesos en 2026. Así las cosas, el uso de cámaras en cascos no está prohibido de forma explícita, pero sí puede generar sanciones dependiendo de la evaluación que haga la autoridad sobre su impacto en la seguridad vial