El enredo con las redes

Óptica periodística

Nelson Germán Sánchez Pérez –Gersan-

Recientemente la directora de la Unesco, Audrey Azoulay, pidió en el pleno de la conferencia mundial desarrollada en París un diálogo abierto entre la sociedad civil de distintas partes del mundo, sobre la forma de regular las redes sociales y las plataformas. En igual sentido lo hizo la dirección de la ONU para la Ciencia y la Cultura, que pidió regular las compañías dueñas y evitar la propagación de información falsa, que se ha convertido en una nueva pandemia en la sociedad actual.

Lo que pretende el llamado es que la Internet sea, cada día, un espacio más seguro y que la información suministrada allí sea verificada y verificable.

Se “pretende formular directrices que ayudarían a que los reguladores, gobiernos y empresas manejen el contenido que socava la democracia y los derechos humanos, al tiempo que respaldan la libertad de expresión y promueven el acceso a información precisa y fiable”, señaló Diario Libre al respecto, con información de la AP.

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Precisamente ese diálogo al que se invita y que se hace cada día más necesario, lo que requiere es que se cuente con más y mejores herramientas jurídicas, leyes, normas y que las compañías dueñas de las redes sociales y plataformas, así como de la internet, deban rendir cuentas públicas de sus contenidos; sobre todo, como arriba se dijo, de aquellos que atenten abiertamente contra la democracia, las libertades individuales y colectivas y los derechos humanos, que promueven la libertad de expresión y sus contenidos sean fiable y precisos.

Lo que se busca es que las redes sociales y sus dueños ayuden a promover el llamado “bien común”, para controlar un poco las informaciones falsas, las teorías conspirativas y fantasiosas, que gracias a sus redes se propagan mucho más rápido que la verdad misma. Se trata un poco de disertar y seguir los pasos de la Unión Europea, que en el 2022 aprobó un proyecto de Ley denominado Servicios Digitales, dirigida específicamente sobre las industrias tecnológicas y que las obliga a regular y vigilar con mayor detalle sus informaciones y productos comunicativos, para que el llamado contenido dañino, los discursos de odio y la desinformación no afecte a sus usuarios.

Pero, igualmente urgente y necesaria es esta discusión mundial, frente a posturas como las que ha adoptado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se ha inclinado recientemente por mantener a las compañías a salvo de los contenidos que en ellas se publiquen y no las quieren responsabilizar de ellos, incluso si son apologías a grupos terroristas o extremistas. Con un agravante, al parecer y según reconocen los propios jueces de la Suprema, ni conocen, ni están preparados ni son expertos en la Internet en debida forma.

Como se ve, el asunto no es de poca monta, porque se trata de hacer hincapié en que si el algoritmo de recomendación que hacen las plataformas en redes sociales, está también protegido por los de la misma forma que los contenidos que hacen terceros y migran a la red, liberándolos de toda responsabilidad social, legal y culpa.

Esta no debe ser una preocupación menor para nosotros en Colombia, dadas todas las cochinadas que sabemos se han utilizado en redes e Internet en años recientes para tratar de atemorizar o adoctrinar personas con un propósito politiquero o ruin y mucho más ahora que estamos de lleno en un año electoral. Este es un tema sobre el que hay que estudiar, conocer y estar alerta porque los daños son enormes, casi irreparables y su avance silencioso y poco percibido sobre algunos sectores sociales.