El Tribunal Superior confirmó una pena de prisión tras establecer que el automotor fue utilizado para una actividad de carácter personal.
El Tribunal Superior de Ibagué confirmó una condena de 16 meses de prisión contra el exsecretario de Gobierno de Ibagué, Carlos Andrés Portela Calderón, tras hallarlo responsable del delito de peculado por uso, al determinar que empleó de manera indebida un vehículo oficial durante una actividad personal realizada en 2021.
La decisión judicial se fundamentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales evidenciaron que una camioneta asignada a la administración municipal fue utilizada para acompañar un recorrido en bicicleta realizado el 14 de marzo de ese año, sin que existiera justificación relacionada con funciones propias del cargo.
La investigación
De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso no se encontraron registros administrativos, órdenes de servicio, programación institucional ni documentos que demostraran que el uso del vehículo hacía parte de una actividad oficial.
La investigación también estableció que el automotor fue conducido por una persona diferente al conductor autorizado, sin que existiera un trámite administrativo o una autorización que respaldara esa decisión.
Estos elementos fueron determinantes para que la autoridad judicial concluyera que el vehículo del Estado fue destinado temporalmente a un propósito de carácter particular.
El fallo del Tribunal
En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Ibagué concluyó que no fue posible demostrar que el recorrido en bicicleta estuviera relacionado con funciones institucionales o actividades propias de la Secretaría de Gobierno.
Por esa razón, ratificó la responsabilidad del exfuncionario por el delito de peculado por uso, conducta que sanciona la utilización indebida de bienes públicos para fines diferentes al servicio del Estado.
Además de la pena de prisión, la decisión negó la posibilidad de acceder a beneficios o subrogados penales, por lo que la condena deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario.
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Aún existe un recurso judicial
Aunque el fallo corresponde a una decisión de segunda instancia, la defensa del exfuncionario todavía podrá acudir al mecanismo de impugnación especial previsto por la legislación colombiana.
Mientras ese recurso es analizado por la autoridad competente, la sentencia representa un nuevo pronunciamiento judicial sobre el uso adecuado de los bienes públicos y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los recursos del Estado.
