Cinco personas denunciaron haber sido engañadas con supuestos remates de bienes.
Una investigación de la fiscalía general de la Nación permitió avanzar en un proceso judicial contra una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señalada de presuntamente utilizar su cargo para ofrecer a ciudadanos el acceso a bienes que supuestamente serían rematados por la entidad.
Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima imputó el delito de estafa agravada.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, los hechos se habrían presentado entre 2017 y 2022, periodo en el que la procesada presuntamente habría ofrecido gestionar ante superiores de la entidad la adquisición de bienes muebles e inmuebles a precios inferiores a los del mercado.
Según la investigación, para separar los supuestos bienes en remate, las personas interesadas debían entregar determinadas sumas de dinero mediante consignaciones bancarias o pagos en efectivo.
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La Fiscalía también señala que, para darle apariencia de legalidad a las operaciones, presuntamente se utilizaban documentos con logotipos y membretes institucionales, además del nombre de una exfuncionaria que ya se encontraba pensionada.
Cinco víctimas denunciaron los hechos
Las denuncias de cinco personas de Ibagué y Armero, Tolima, permitieron poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían entregado en total una suma cercana a los 300 millones de pesos.
Uno de los casos corresponde a una familia que, presuntamente, entregó 85 millones de pesos con la expectativa de adquirir una vivienda que figuraba en un supuesto listado de bienes próximos a ser rematados por la DIAN. Sin embargo, según la Fiscalía, dicha información no correspondía a la realidad.
Captura en Bogotá
Mónica Paola Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.
Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Finalmente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El proceso judicial continúa y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de la procesada frente a los hechos investigados.
