Adriana Matiz pidió al nuevo Congreso reglas claras para frenar la minería ilegal y fortalecer la explotación legal en Colombia.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, encendió las alertas a nivel nacional tras revelar el impacto económico y criminal de la minería ilegal en el sur del departamento, durante un foro realizado en Bogotá.
Según la mandataria, mientras el Tolima recibe cerca de $500 millones mensuales en regalías por oro, organizaciones ilegales estarían obteniendo hasta $5.000 millones al mes con la extracción ilícita de minerales.
El pronunciamiento se dio en medio del foro sobre minería organizado por la Casa Editorial El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos, donde Matiz insistió en la necesidad urgente de que el próximo Congreso legisle con mayor claridad sobre esta actividad.
Durante su intervención, la gobernadora expuso que detrás de estas operaciones ilegales estarían estructuras criminales como el Frente Ismael Ruiz, que además de participar en la extracción, cobran millonarias sumas por el ingreso de maquinaria a los territorios.
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“Por cada máquina que entra, estos grupos pueden cobrar entre $5 y $8 millones, lo que convierte esta actividad en una de sus principales fuentes de financiación”, explicó.
Matiz también cuestionó la falta de articulación entre las autoridades nacionales para frenar este fenómeno, señalando que actualmente existen vacíos legales que dificultan la incautación de maquinaria, incluso cuando se sospecha de su uso en actividades ilegales.
La situación afecta especialmente a municipios del sur del Tolima como Ataco y Chaparral, donde la minería ilegal ha venido ganando terreno.
Finalmente, la gobernadora hizo un llamado directo al Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio para que incluya en su agenda temas clave como el control a comercializadores, proveedores y el origen de los recursos en el sector minero.
“Este es un problema que no solo afecta al Tolima, sino a varias regiones del país y debe ser atendido con urgencia”, concluyó.
