La expropiación agraria: el atropello de la Resolución 0352 del gobierno Petro.

El Tolima es tierra fértil no solo para los cultivos, sino también para la libertad y la democracia.
Felipe Andrés Ferro/ Diputado
En una mañana cualquiera, en medio de cafetales y laderas sembradas de esperanza, llegó al Tolima una orden desde Bogotá que cayó como rayo en campo abierto: la Resolución 0352 de diciembre de 2024. Una norma fría, redactada a kilómetros de distancia, que pretende amarrar las manos de nuestros ciudadanos y alcaldes, imponiendo desde un escritorio capitalino qué sembrar, cómo sembrarlo y en qué tierras hacerlo, como si el alma del territorio fuera un tablero de ajedrez. ¿Acaso alguien en Herveo, Fresno, Palocabildo, Falan, ¿Villahermosa, Casabianca, Murillo o Líbano pidió esta camisa de fuerza? No. Ni los ciudadanos, ni los alcaldes, ni los gremios. Esta no fue una construcción colectiva, fue una imposición autoritaria.
La Resolución 0352 identifica Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en ocho municipios del norte del Tolima, (Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno) sin explicar claramente el criterio de selección. Bajo la excusa de la soberanía alimentaria y la implementación de los acuerdos de La Habana de Santos con las FARC, el Gobierno Petro, quien en su plan de desarrollo adopto esta figura, pretende centralizar las decisiones sobre el uso del suelo, limitando el derecho a la propiedad y a la libre iniciativa económica de nuestros campesinos. ¿Dónde queda la autonomía territorial? ¿Dónde la voz del pequeño agricultor que diversifica sus ingresos con el turismo rural o la minería artesanal?
El peligro no es menor: hoy delimitan zonas “indicativas”, mañana, a punta de decretos, pueden declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) de manera definitiva, abriendo la puerta a expropiaciones administrativas y extinción de dominio si no se cumple con el modelo impuesto. Así no se siembra la paz, sino la desconfianza, la incertidumbre y la rabia silenciosa en nuestros campos.
No se trata solo de sembrar aguacate o café. Se trata de sembrar dignidad, de permitir que los campesinos decidan, de proteger la pluralidad económica. De que los municipios con vocaciones minero-energéticas importantes no queden relegados por esta visión unilateral. A todo esto, se suma la falta de incentivos concretos: la resolución no menciona subsidios, asistencia técnica ni apoyos económicos para quienes queden bajo las nuevas restricciones. ¿Cómo esperan entonces que nuestros productores sostengan su actividad si el Estado les da la orden, pero no la herramienta?
Preocupa que el proceso de declaratoria se debe implementar en 4 meses, prorrogables máximo dos veces, dejando a los territorios en un plazo máximo de diciembre de 2025 con esta resolución en vigencia sin unas verdaderas socializaciones en los municipios, eliminando proyectos futuros de turismo, vivienda campestre, generando inseguridad jurídica que afectará la inversión, la producción y la confianza. A esto sumémosle que en nuestro país donde el 70% de los productores rurales son pequeños agricultores (UPRA, 2023), imponer trabas adicionales sin apoyos reales es condenarlos al abandono.
Por eso, en la reciente sesión descentralizada de la Asamblea Departamental en Falan, hice una proposición la cual fue apoyada unánimemente por la Duma, sobre la realización de una audiencia pública en el Tolima. Exigimos la presencia de la Ministra de Agricultura, de la UPRA, de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz, de alcaldes, congresistas, gremios y sobre todo de los ciudadanos. Que nos escuchen, como lo hicieron en Támesis, Antioquia. Que no decidan por nosotros, sino con nosotros.
El Tolima es tierra fértil no solo para los cultivos, sino también para la libertad y la democracia. No permitiremos que desde un despacho en Bogotá se arranque de raíz la voz de nuestra gente. Esta no es una resolución de protección; es una resolución de imposición. Y frente a la imposición, responderemos con determinación