Solo cuatro candidatos superaron el umbral exigido por la ley para reclamar el reembolso de los gastos de campaña.

Las cuentas de la reciente contienda presidencial dejaron un resultado claro en materia de financiación electoral: siete de los once candidatos no lograron alcanzar el porcentaje mínimo de votación requerido para acceder a la reposición estatal de votos.

Este mecanismo, contemplado en la legislación colombiana, permite que el Estado reembolse parte de los recursos invertidos en las campañas políticas, siempre y cuando los aspirantes superen un umbral mínimo de respaldo ciudadano y cumplan con la respectiva rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la Ley 996 de 2005, los candidatos presidenciales deben obtener al menos el 4 % de los votos válidos para tener derecho a este beneficio. En las recientes elecciones, esa cifra se ubicó cerca de los 950.000 sufragios.

Entre quienes no alcanzaron el requisito figuran Claudia López, quien obtuvo cerca de 225.000 votos, y Roy Barreras, que recibió 14.108 respaldos en las urnas. También quedaron por debajo del umbral Miguel Uribe Londoño, Mauricio Lizcano, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Santiago Botero.

Por el contrario, Sergio Fajardo logró superar la barrera exigida con más de un millón de votos, lo que le permitirá solicitar la reposición de los recursos invertidos en su campaña, una vez se complete la verificación de los gastos reportados.

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A la lista de candidatos habilitados para acceder al reembolso también se suman Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes cumplieron con el porcentaje mínimo de votación exigido por la normativa electoral.

Sin embargo, la entrega de estos recursos no es automática. El Consejo Nacional Electoral deberá revisar la documentación financiera presentada por cada campaña para determinar el monto definitivo que podrá ser reconocido mediante la reposición estatal de votos.

El proceso forma parte de los mecanismos de control y financiación política establecidos en Colombia para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos utilizados durante las campañas electorales.